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jueves, 9 de febrero de 2012

Acompaña CDHDF Iniciativa de Reforma al Código Penal, en el marco de la reforma constitucional de derechos humanos

Busca mitigar y evitar la sobrepoblación de los reclusorios y la sistemática criminalización de jóvenes 
Boletín

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, acompañó la presentación de la Iniciativa de Reformas al Código Penal para el Distrito Federal, elaborada por la Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, que, en el marco de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, evitaría la criminalización de jóvenes de entre 18 y 30 años, y mitigaría la sobrepoblación de los reclusorios capitalinos.

“Tenemos evidencia suficiente que señala que meter personas a la cárcel indiscriminadamente genera más y mayores problemas que tienen que ver con la afinación del delito y de graves riesgos para quienes están dentro de esas mismas instituciones compurgando penas; de manera tal que, es fundamental imaginar nuevas procedimientos que no implican impunidad, sino sanciones más inteligentes”, expresó.

El Ombudsman capitalino recordó que en un foro sobre la materia convocado por la CDHDF y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se advirtió que los espacios donde mayormente se aprecia la problemática del sistema penal son los reclusorios: “El problema penitenciario es un problema de urgencia para la ciudad”.

La Iniciativa que hoy presenta la Diputada Barrales, agregó, tiene como finalidad mitigar y evitar la sobrepoblación penitenciaria en una lógica de derechos humanos: “Aquellas personas que cometen delitos por primera vez o que cometen delitos que no son de impacto público puedan gozar de penas alternativas a la privación de libertad”.

Explicó que las reformas propuestas al Código Penal local no implican de ninguna manera impunidad ni que no se castigue el robo en la ciudad de México, sino que a través de leyes menos duras que impongan sanciones inteligentes, encaminadas a la reinserción social de quienes cometen los delitos.

Dijo que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos implican revisar y armonizar todo el marco jurídico vigente en la ciudad y en el país, a la luz de los planteamientos que colocan a los derechos humanos como el eje rector de la ley y de las políticas públicas, así como de la vida política y jurídica.

En ese objetivo, detalló, la CDHDF ha coincidido en comenzar la armonización del cuerpo jurídico local en materia de seguridad y del sistema de justicia penal: “La reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008 deberá también ser revisada y ajustada, a la luz de las recientes reformas en derechos humanos”.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales Magdaleno, explicó que las reformas a los Artículos 220, 222, 223, 224 (a derogarse), 225, 246, 247 y 248 tienen como propósito eliminar la pena privativa de la libertad en caso de robo simple e implementarla sólo en los casos en los que el robo se cometa con violencia que lesione a la víctima, cuando el sujeto activo porte un arma o se cometa por dos o más personas.

“Fuera de esos casos se propone imponer como castigo alternativo a la pena privativa de libertad las consistentes en trabajo a favor de la víctima hasta que el sujeto activo responsable cubra el monto de los robado, restituya la cosa robada y realice trabajo a favor de la comunidad”, señaló.

Dijo que del año 2000 al 2010 se observó la duplicación de la población penitenciaria, que pasó de 20 mil 714 a 40 mil 290 personas, quienes coexisten en el mismo espacio físico que ha permanecido inalterado en los últimos 12 años.

“Esto además de atentar contra los derechos humanos de las personas en reclusión, genera problemas de violencia al interior de los reclusorios, aumento de la corrupción, imposibilidad de reinserción social, disminución en la calidad de salud de los internos, mala alimentación, así como la intensificación y propagación de la drogadicción en los internos, entre otros”, citó en la exposición de motivos de su iniciativa.

Explicó que las reformas de 2003 al Código Penal para el Distrito Federal, que tuvieron como propósito castigar y desincentivar la comisión de delitos patrimoniales y evitar que quienes los cometían quedaran libres tras el pago de una multa, tuvieron consecuencias sociales como una mayor criminalización de los jóvenes en desventaja económica y para la población penitenciaria, que al incrementarse, vive hacinamiento y la violación de sus derechos humanos.

Barrales Magdaleno citó los Resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que en 2009 arrojaron que 40% de internos lo estaba por robos menores, 41% tenía entre 18 y 30 años, 21% nunca había ido a la escuela o no había concluido la educación primaria, 61% había comenzado a trabajar antes de cumplir 15 años, y 54% tenía un empleo informal como taxista, comerciante o desempeñando algún oficio.

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